La ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; reconoce el derecho de las mismas a «vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad».
     Se pasa así a considerar a las personas con discapacidad, plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social. En este sentido, la Convención, situando de manera integral a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, establece que sus demandas y necesidades tienen que ser cubiertas de manera que puedan lograr la igualdad de oportunidades respecto al conjunto de los ciudadanos.
     Cualquier persona, de cualquier edad o condición, puede sufrir una discapacidad (una afección que afecta al desarrollo de su vida, dentro de los parámetros estándares del común de la población) en cualquier momento de su vida.
     Y no importa que sea permanente o temporal, afecta no solo a quien lo sufre, sino a todo su entorno. Pues, en una sociedad tan constreñida por obligaciones y que nos ha forzado a cambiar el paradigma, en nuestra dedicación al prójimo cono es la de hoy en día. Y en la que los pocos momentos de ocio que se pueden tener son tan valiosos, nos daremos cuenta de que cualquier variación en la rutina que tanto nos cuesta mantener a la gente que vivimos el mundo de la discapacidad puede se una verdadera desgracia.
     Pudiendo, estas desgracias ir, desde tener dificultades para ir a la peluquería o a comprar, o no poder disfrutar de una oferta turística como la que ofrecen nuestras tierras, hasta tener que renunciar a atención sanitaria por la imposibilidad de acudir; o en este último caso, tener que hacer sacrificios desmesurados. Y todo esto, sin entrar en el caso de la simple y pura imposibilidad física de hacerlo por no tener un apoyo que nos permita desafiar las trabas que nos pone el devenir diario.